GINEBRA / NUEVA YORK (29 de septiembre de 2022) – Personas en 42 países* de todo el mundo se enfrentaron a represalias e intimidación por cooperar con las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, según afirma un nuevo informe, a la vez que resalta una serie de tendencias preocupantes durante el año pasado.
El informe anual del Secretario General de las Naciones Unidas detalla cómo estas personas, en su mayoría víctimas de violaciones de derechos humanos, defensores de derechos humanos y periodistas, sufrieron represalias e intimidación por parte de Estados y actores no estatales. Estas incluyeron la detención de personas, o el ser objeto de legislación restrictiva y de vigilancia tanto en línea como fuera de línea.
Todos los casos que se destacan en el informe sucedieron entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 y afectaron a personas y grupos que habían cooperado con mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, o que habían usado procedimientos de las Naciones Unidas para compartir información, testimonios y buscar reparaciones por violaciones y abusos de derechos humanos.
Personas que intentaron cooperar con las Naciones Unidas o que se consideró que lo estaban haciendo también resultaron afectadas. En un tercio de los países nombrados en el informe, las personas y grupos o bien se abstuvieron de cooperar o solamente accedieron a denunciar sus casos de forma anónima por miedo a represalias.
“A pesar de algunos avances en la buena dirección, que incluyen promesas y compromisos compartidos por los Estados Miembros para no llevar a cabo represalias, este informe vuelve a mostrar el grado en que las personas son perseguidas y enjuiciadas por comunicar sus preocupaciones en materia de derechos humanos a las Naciones Unidas. Y nosotros sabemos que, por lo llamativo que esta cifra pueda parecer, muchos casos de represalias ni siquiera se denuncian,” afirmó la Subsecretaria General de Derechos Humanos Ilze Brands Kehris.
La vigilancia de personas y grupos que cooperan con las Naciones Unidas sigue siendo denunciada en todas las regiones con una evidencia cada vez mayor de vigilancia en línea y de ataques cibernéticos, señala el informe. La transformación digital de enormes proporciones que se vio acelerada por la pandemia de COVID-19 también aumentó los desafíos relativos a la seguridad cibernética, la privacidad y el acceso a espacios en línea.
Otra tendencia preocupante a nivel global es el uso y repercusiones de legislación restrictiva la cual impide y penaliza la cooperación con las Naciones Unidas, lo que resulta en ocasiones en que algunas personas sean condenadas a largas penas de prisión o sometidas a arresto domiciliario. Existieron denuncias de acusaciones recurrentes y similares de intimidación en una serie de países, lo que podría indicar un patrón común.
Otra tendencia global es la auto-censura, que supone que se prefiera no cooperar con las Naciones Unidas o hacerlo de forma anónima por temor a su propia seguridad. El incremento de la vigilancia y el seguimiento, así como el miedo a la responsabilidad penal, han creado lo que el informe denomina un “efecto paralizante” de silencio, el cual impide a las personas seguir cooperando con las Naciones Unidas y disuadiendo a otras de hacerlo.
Al igual que en años anteriores, el informe muestra que la intimidación y las represalias afectan de forma desproporcionada a determinadas poblaciones y grupos, incluyendo a representantes de pueblos indígenas, minorías o personas que trabajan en temas medioambientales o relacionados con el cambio climático, así como personas que pueden sufrir discriminación basada en su edad, orientación sexual o género.
“Los riesgos que afectan a las víctimas mujeres, así como a defensoras de derechos humanos y constructoras de la paz, las cuales comparten sus testimonios y cooperan con las Naciones Unidas siguen siendo desalentadores. Seguiremos trabajando para asegurar que todos pueden interactuar de forma segura con las Naciones Unidas,” insistió Brands Kehris a la hora de presentar el informe al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Los 42 Estados a los que se hace mención en el informe (el cual abarca el período desde el 1 de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022) son:
Afganistán, Andorra, Bahrein, Bangladesh, Belarús, Brasil, Burundi, Camerún, China, Cuba, Chipre, República Democrática del Congo, Djibouti, Egipto, Guatemala, India, Indonesia, la República Islámica de Irán, Israel, Kazajstán, la República Democrática Popular Lao, Libia, Maldivas, Mali, México, Marruecos, Myanmar, Nicaragua, Filipinas, Federación de Rusia, Rwanda, Arabia Saudí, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Estado de Palestina, Tailandia, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos, la República Bolivariana de Venezuela, Viet Nam, y Yemen.
Es posible acceder en línea al informe completo, con el título ‘Cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en el ámbito de los derechos humanos’ (A/HRC/51/47) (en inglés), el cual incluye anexos extensos que detallan casos de país por país.
Source: UN Human Rights Council